Dos modelos para regular la IA: Bruselas aplaza y afina, Washington busca un marco federal único

El 24 de julio de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el llamado Digital Omnibus sobre inteligencia artificial, que modifica la Ley de IA y que, según Usercentrics, entró en vigor el 27 de julio. El texto aplaza al 2 de diciembre de 2027 las obligaciones de los sistemas de alto riesgo del anexo III, que debían llegar en agosto de 2026, y al 2 de agosto de 2028 las de los sistemas integrados en productos regulados. Añade una nueva prohibición, la de los sistemas que generen imágenes íntimas no consentidas o material de abuso sexual infantil, y mantiene las sanciones, de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial. Bruselas retrasa y simplifica, pero conserva la estructura de riesgos y sanciones de la ley.

La Comisión planteó el paquete el 19 de noviembre de 2025 como una simplificación, y el Consejo y el Parlamento cerraron el acuerdo el 7 de mayo de 2026. Las organizaciones de derechos digitales lo ven de otro modo. El 11 de junio de 2026, Amnistía Internacional, EDRi, ARTICLE19, Access Now y AlgorithmWatch, entre otras, afirmaron que el texto debilita la Ley de IA, fomenta el lobby de la industria y alimenta una «carrera a la baja», y pidieron rechazarlo. El pleno del Parlamento Europeo lo aprobó el 16 de junio.

En Washington la dirección es la contraria, aunque con otros medios. El 11 de diciembre de 2025, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva «Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence». Según el análisis del despacho Orrick, la orden encarga al fiscal general un grupo de litigio para impugnar leyes estatales de IA, prevé que los estados con leyes consideradas «onerous» pierdan elegibilidad para determinados fondos federales y pide una propuesta legislativa de marco federal único, que la administración describe como «minimally burdensome». Esa propuesta no pretende imponerse a las leyes estatales sobre protección infantil, infraestructura de cómputo y compras públicas de IA. Treinta y seis fiscales generales estatales se opusieron a cualquier moratoria sobre las leyes estatales.

La presión también cruza el Atlántico. En abril de 2025, según Bloomberg Línea, la misión de Estados Unidos ante la UE envió a la Comisión una carta en la que calificaba de excesivamente oneroso el código de prácticas de IA y pedía suspender las fases de aplicación de la Ley. La Comisión confirmó la recepción y recordó que el código es voluntario. Meta, por boca de su directivo Joel Kaplan, dijo que no lo firmaría en su forma actual.

Para leer la disputa sin el sesgo del titular, conviene tener presentes tres cosas. La soberanía que se discute es sobre todo normativa, es decir, quién fija las reglas de los sistemas que se usan en el territorio de cada bloque; la dependencia de la nube o de los chips es otro debate que estas fuentes no abordan. Ambas orillas están retocando su posición en 2026: Europa aplaza y simplifica, y Estados Unidos busca unificar en el plano federal lo que hoy regulan los estados. Y el alcance de la orden ejecutiva dependerá de los tribunales, porque la propia fuente considera probable una impugnación judicial formal.